Río Santa Lucía próximo al puente sobre la ruta 11. Foto: Mauricio Kühne (archivo, noviembre de 2017)

Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía estudia ampliar zona buffer: de retener 2,6% del fósforo pasaría a 42%

La Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, que preside la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y nuclea a representantes de organismos gubernamentales, la academia, productores y ambientalistas, se reunió el martes por segunda vez en lo que va del año. Analizó la propuesta del grupo de trabajo creado por la comisión en 2015 para ampliar las zonas de amortiguación o zonas buffer –áreas libres de laboreo y de agroquímicos en las márgenes de ríos, arroyos y embalses de la cuenca–; el segundo punto del orden del día fueron las modificaciones a la ley de riego. La sesión duró tres horas y reflejó las tensiones entre las partes, con diferencias de forma y de fondo.

Además de la Dinagua, había representantes de las direcciones del Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del Ministerio de Salud Pública, de OSE, de las intendencias de Canelones y San José, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), del Instituto Nacional de la Leche (Inale), de la Cámara de Industrias, de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), de Redes-Amigos de la Tierra y de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.

Amortiguación

El grupo de trabajo de las zonas buffer se reunió cuatro veces en dos años, analizó la normativa, la aplicación de la medida a nivel nacional y evaluó su aplicación, que es la octava de las 11 medidas que había lanzado el gobierno en mayo de 2013, cuando una floración de cianobacterias en la cuenca del Santa Lucía disparó todas las alarmas. Viveka Sabaj, de la Dinagua, explicó que se está trabajando, además, en la elaboración de una guía de manejo para el abandono de cultivos y el mantenimiento de la zona de amortiguación, para que los productores sepan qué se puede hacer y qué no, y las posibilidades que se abren.

Luis Reolón, de la Dinama, fue quien detalló la propuesta de ampliación de las zonas buffer. Aclaró que se trata de una propuesta de control y no preventiva, porque apunta a disminuir el transporte de contaminantes desde el suelo al agua, y que se implementa mientras avanzan otras medidas preventivas, que son las que buscan disminuir la aplicación de productos químicos. Una de estas medidas, por ejemplo, es la séptima del plan de acción para la cuenca, que busca restringir el acceso directo del ganado a abrevar en los cursos de la cuenca; el martes, la representante del MGAP aclaró que eso sólo se puede aplicar en los embalses de la cuenca destinados a la potabilización de agua.

Actualmente, la zona de amortiguación comprende un área que va de los 20 metros en las márgenes de algunos ríos y arroyos de la cuenca hasta los 100 metros para el caso de los embalses. La propuesta del grupo de trabajo no pretende variar mayormente ese metraje (porque entiende que el fósforo diluido en agua no varía mayormente si la faja es de 20 o 200 metros), pero sí propone sumar cursos de agua. Actualmente la zona buffer comprende 696 kilómetros de río y un área total de 7.000 hectáreas; la propuesta pretende sumar 4.248 kilómetros de ríos y alcanzar un área de 23.992 hectáreas. El MVOTMA calcula que la actual delimitación permite atrapar 2,6% del fósforo que aporta la contaminación difusa (agropecuaria); de acuerdo a estimaciones internacionales, el área propuesta permitiría retener 42,41% del fósforo que llega al agua (diez veces más) y 33% si se considera la contaminación difusa y puntual (industrias, ciudades). “No es 100%, ni 80%, ni 70%, pero para los parámetros que uno ve internacionalmente es un guarismo interesante, que nos parece bien y en el que podemos incurrir”, evaluó Reolón.

También manifestaron estar de acuerdo Santiago Cayota, director regional del INIA Las Brujas, y Santiago Sandro, de la ANPL. Entre las voces discrepantes estuvieron las de CNDAV, Redes y la Asamblea por el Agua del Santa Lucía. Cuestionaron la cantidad de tiempo que insumió elaborar una propuesta para ampliar las zonas buffer; que no se incluyan áreas de inundación ni se considere la aplicación de agroquímicos (no ponderado su aporte), tampoco las pendientes ni las zonas de recarga de acuíferos, que sólo se piense en fajas de 35 metros y que no se profundice el control real.

“Me preocupan los compañeros ambientalistas, que siempre manejan datos muy volados, con muy poca base científica; creo que eso es lo que perjudica más y demora más la toma de medidas; creo que si nos basáramos en la academia, en la investigación, en los datos objetivos, nos pondríamos de acuerdo muchísimo más rápido”, no sólo por la zona buffer, sino por los agrotóxicos, “[tema en el que] no estamos mal, como ellos piensan”, reprochó Sandro.

Claudia Piccini, investigadora del IIBCE, respondió al productor lechero. Adelantó que “colegas de Regional Norte y de la Regional Este de la Universidad de la República están, en este momento, publicando un artículo en el que constatan que encontraron en músculos de pez –de peces de consumo que comemos todos– hasta cuatro pesticidas juntos en un mismo pez; hasta ahora los datos son del río Negro y del río Uruguay, no hay datos del Santa Lucía, pero no es algo trivial”, explicó, asegurando que “no es imaginación de los ambientalistas”.

Intentando cerrar el capítulo de zonas buffer, Daniel Greif, director de la Dinagua, valoró que se pase de una retención de 2,6% a 42% del fósforo, y luego se pidió que en un plazo no mayor a diez días los integrantes de la comisión hagan sus aportes por escrito para poder cerrar la propuesta. Adelantó, también, que el Gabinete Nacional Ambiental está trabajando en la revisión de las otras medidas, que apuntan, por ejemplo, a reducir los contaminantes.

Embalses

Piccini leyó una carta enviada el 13 de octubre a la comisión de cuenca, firmada por ella y los investigadores Luis Aubriot, Guillermo Chalar y Anahit Aharonian (con el respaldo de la CNDAV), en la que manifiestan su preocupación por el impacto negativo de la multiplicación de embalses en la cuenca del Santa Lucía; pidieron que la comisión hiciera una declaración rechazando el modelo propuesto y que se declarara a la cuenca del Santa Lucía libre de nuevos represamientos. El planteo no recibió respuesta de la Dinagua, que es la que debe convocar a la comisión. Greif alegó que estaba en el interior del país cuando recibió el correo, y que mientras trabajaban en la respuesta, la ley, finalmente, fue aprobada. Agregó que las comisiones de cuenca son asesoras y se dedican a la gestión integral del agua de la cuenca, pero que no es un ámbito donde se discuta una ley que se está tratando en el Parlamento. Consideró que la ley “incorpora conceptos ambientales de tipo general”, y que “las autorizaciones de uso de agua para riego tienen que supeditarse no sólo a la prioridad del agua potable, como establece la Constitución, sino también a los caudales ambientales que deberán reglamentarse, con lo cual pone en segundo nivel de prioridad el ambiente y luego los usos productivos”. Opinó que “es un elemento clave que hay que buscar cómo se reglamenta, a nivel nacional y a nivel de cada cuenca”. Agregó que el ámbito participativo para discutirlo es la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, y que junto con el director de la Dinama están evaluando que esa comisión se reúna junto con la Comisión Técnica de Medio Ambiente antes de fin de año para trabajar en la reglamentación de la ley.

Carlos Dárdano, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, reprobó la actitud de Greif; dijo que “no es competencia de la presidencia de la Comisión de Cuenca qué tema se trata y qué no”, y dijo que se trata de “una falta más al funcionamiento de la comisión”. Aclaró que su grupo no trabajará en la reglamentación, porque apoya el referéndum para derogar la ley.

Silvana Delgado, del MGAP, afirmó que el agua no se privatiza con esta ley, como sostienen los ambientalistas, y dijo que las modificaciones fueron hechas por el MVOTMA y el MGAP, por lo que no le parece que una comisión presidida por el MVOTMA pueda oponerse al proyecto, como proponían los académicos. Cayota agregó que la ley logró el apoyo “unánime de prácticamente todo el espectro político”. Piccini pidió no discutir el tema “con liviandad”, porque se trata de una cuestión de salud pública. Dijo que si la comisión está capacitada para discutir las medidas de protección de la cuenca, debe discutir cómo puede cambiar una ley de este tipo.

Es pertinente

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe temático sobre la Ley de riego con destino agrario (19.553). El texto comienza por enmarcar el asunto entre las competencias otorgadas a la institución, en el entendido de que el agua “es un bien de dominio público, un recurso natural esencial para la vida y un derecho humano fundamental”, por lo que el Consejo Directivo “considera pertinente abordar el tema en forma específica”. Luego recuerda que el primer artículo de la ley de 1997 “declara de interés general el riego con destino agrario” y observa que la novedad introducida por la presente reforma “implica un aumento exponencial” tanto en la acumulación de agua para riego como en “el desarrollo de tecnologías de extracción, almacenamiento y distribución” con el objetivo de “promover inversiones de gran escala”. A continuación menciona que las normas internacionales de derechos humanos establecen que el agua es un bien social y cultural –más que un bien económico– y recuerda los compromisos de participación social en la gestión del recurso, repasando desde distintas ópticas la legislación que lo protege tanto desde el punto de vista ambiental como institucional. Finalmente, el organismo afirma que “la presente modificación legislativa apunta a una intensificación en la explotación de los recursos hídricos para el aprovechamiento de agua dulce por el sector agroexportador, con fines de riego a gran escala”, y advierte que “su aplicación podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”.
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