Río Santa Lucía, en Aguas Corrientes. Foto: Alessandro Maradei (archivo, enero de 2017)

Ni el Plan Nacional de Aguas ni los observatorios del gobierno dividen por género los datos sobre el agua

“El agua” se adjetiva en femenino pero lleva el artículo masculino por empezar con una “a” tónica. Más allá de la fonética, el agua parece volverse masculina dada la inexistencia de datos y miradas en toda la institucionalidad del agua en Uruguay que integren y reflejen las particularidades de ambos géneros en el acceso y la gestión del recurso.

Los datos que produce y difunde el Estado sobre agua no hacen esa distinción. “En Uruguay no se trabaja con datos sobre acceso al agua potable y saneamiento que integren la perspectiva de género”, sostiene Carmen Sosa, de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida.

Desde la gerencia de comunicación de OSE dijeron a la diaria que disponen de datos de población con cobertura de agua y saneamiento, tanto en el medio urbano y rural, pero sin distinción de género. El Observatorio Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tampoco tiene datos que permitan visualizar las diferencias en el acceso y el uso del agua por parte de mujeres y hombres. Lo mismo sucede con el Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El acceso al agua potable en Uruguay es prácticamente universal (98%), pero el acceso al saneamiento no tanto: alcanza a 70%, y según confirmaron a la diaria desde el Mides, por el momento no se ha hecho distinción por género.

A nivel mundial, en cambio, en el manejo de datos sobre medioambiente y agua cada vez se incorpora más la perspectiva de género. Por ejemplo, según cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres son por amplia mayoría quienes se encargan de recolectar agua para sus hogares en caso de que no tengan acceso a ese recurso en sus casas. Si bien esta no es una realidad extendida en Uruguay, hay otras dimensiones de la información en las que el género ocupa un lugar relevante.

Por ejemplo, en el informe “Instrumentos económicos orientados a proteger el ambiente: aportes al diálogo”, elaborado por el Centro de Estudios Fiscales bajo la coordinación de la economista Gioia de Melo, se advierte que el incremento de la tarifa del agua dispuesto por OSE en 2017, que en algunos casos llegó a ser de 46%, “no se ajusta a los principios económicos que fomentan la eficiencia” porque no se aplica el principio de que “el que contamina paga”. Ese mismo informe muestra cómo el valor del agua es mayor para los consumidores comunes, que utilizan en menor medida el recurso, que para los usos que más consumen agua, como el riego. La aplicación de una mirada de género en este caso supondría visibilizar en qué proporción las mujeres son jefas de hogar y en qué proporción son productoras para evaluar quién paga más.

Por otra parte, si bien el Plan Nacional de Aguas presta especial atención al lenguaje inclusivo, no utiliza en ningún momento la palabra “género”. Hace referencia a la normativa nacional que ratifica la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ese instrumento internacional dispone, con relación al agua y al saneamiento, que los Estados partes “adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales”, en particular en relación con el acceso al saneamiento y el agua.

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