Río Santa Lucía, en Aguas Corrientes. Foto: Alessandro Maradei (archivo, enero de 2017)

Relator de Naciones Unidas recomendó al gobierno uruguayo establecer procedimientos “transparentes” para las denuncias ambientales

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el medio ambiente, John Knox, presentó su informe sobre Uruguay este mes ante ese organismo internacional. El foco del análisis, así como las recomendaciones al gobierno, está puesto en el acceso a la información y en la participación en materia de medioambiente.

Knox visitó Uruguay en abril de 2017 y se reunió con representantes del gobierno, de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y de organizaciones de la sociedad civil. Como aspectos positivos destaca, entre otros, los bajos niveles de contaminación del aire que tiene Uruguay y el cambio en la matriz energética, que determina que 96% de la energía que produce el país provenga de fuentes renovables.

En materia de contaminación del aire, el relator señala que Uruguay está bien en comparación con la mayoría de los países, aunque supera levemente la media anual que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nivel máximo de partículas finas en el aire; la OMS recomienda una media anual no superior a 10 μg/m3, y la media de Uruguay es de 11 μg/m3.

Knox sostiene que Uruguay debería trabajar más en varios puntos. Por ejemplo, recomienda extender los territorios incluidos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Advierte que Uruguay tiene sólo 0,8% de su territorio incluido en el SNAP y que este es uno de los porcentajes “más bajos de zonas protegidas en la región de América Latina y el Caribe”. Sugiere extender las áreas protegidas a un mínimo de 15% de su zona continental y de 2% de su superficie marina.

Por otro lado, el relator insta al gobierno a atender los “graves problemas ambientales para la salud de los pastizales y la calidad del agua” que se derivan de la intensificación del uso de la tierra por la actividad agropecuaria, aunque destaca que el gobierno uruguayo es “consciente” de estos problemas y que ha adoptado medidas para mitigarlos, por ejemplo, con el Plan de Acción del río Santa Lucía.

Las recomendaciones más extensas están vinculadas al acceso a la información y al procedimiento de denuncias en materia ambiental. Knox advierte que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) no está cumpliendo con su obligación, establecida en la ley de protección del medioambiente del año 2000, de publicar anualmente informes sobre la situación ambiental del país. El relator señala que el último informe es de 2013, y agrega que según le informó el gobierno, el próximo informe se publicará este año.

Knox menciona que escuchó “críticas sobre diversos aspectos del sistema de información sobre el medio ambiente”: falta de investigaciones sobre los nexos entre los problemas ambientales y los problemas de salud, documentos “demasiado técnicos para resultar de fácil comprensión” y “difíciles de encontrar”, falta de claridad en relación con qué organismo es el responsable de proporcionar la información solicitada o de recibir denuncias ambientales. “Además, muchos interlocutores expresaron al Relator Especial que el procedimiento de denuncia puede ser muy lento y no dar respuestas adecuadas. El Relator Especial recibió descripciones de denuncias que habían recibido una respuesta sólo meses después de haber sido presentadas, o no habían recibido respuesta alguna”, menciona el informe. Agrega que la INDDHH también informó al relator sobre “retrasos excesivos en los procedimientos administrativos para abordar y resolver las denuncias por cuestiones ambientales”.

En este sentido, el relator recomienda al gobierno “coordinar mejor las múltiples fuentes gubernamentales de información pertinente y hacer que la información sea más accesible”. “Por ejemplo, el público debería encontrar fácilmente información comprensible sobre la calidad del agua, tanto en los grifos como en los lagos y los ríos”, añade. Recomienda además desglosar los datos ambientales y sanitarios por situación geográfica, género y edad.

Knox también menciona que escuchó “preocupaciones” de la sociedad civil ante decisiones del gobierno “de aprobar grandes proyectos de infraestructura, que a menudo incluían inversión extranjera”, “fuera del marco de evaluaciones sociales y ambientales”. “El Relator Especial recuerda al Gobierno que esas propuestas deben evaluarse de conformidad con las leyes y las obligaciones en materia de derechos humanos. En particular, se debería proporcionar oportunidades reales para que el público participe, y que den lugar a informes públicos que describan claramente las propuestas, las opciones y las posibles repercusiones ambientales”, advierte Knox.

En materia de denuncias ambientales, el relator recomienda al gobierno establecer procedimientos “más transparentes y receptivos”, y concretamente le sugiere establecer un cargo de Defensor del Medio Ambiente que oficie como intermediario entre la población y el gobierno, para centralizar los reclamos y consultas.

Knox recomienda al gobierno garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales a nivel judicial, aprobar la tipificación de delitos ambientales y prever “el acceso efectivo a los tribunales”, en particular “velando por que los denunciantes no deban hacer frente a gastos no razonables o excesivos, u otros obstáculos a la presentación de denuncias”.

En síntesis, el relator destaca los “firmes y continuos esfuerzos de las autoridades para adoptar un sólido marco jurídico e institucional para la protección del medio ambiente” y los “notables esfuerzos” del país para reducir sus emisiones de carbono durante el último decenio”, pero invita al gobierno a considerar las recomendaciones formuladas.

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