En el sitio web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), bien visible en la esquina superior derecha de la página de inicio de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), se invita a la población a denunciar el mal uso de productos fitosanitarios. Se advierte que esto puede ocasionar daños tanto al ser humano como a animales y a la integridad del medioambiente. Se recuerda que cualquier ciudadano que se considere afectado por este tipo de casos tiene derecho a denunciar, algo que puede hacer de forma virtual o personal.

Según un pedido de acceso a la información pública realizado por Río Abierto de la diaria al MGAP, las denuncias por mal uso de agroquímicos crecieron a partir del año 2013 (ver gráfico). El último año informado, 2017, fue el que registró el mayor número de denuncias. Federico Montes, director de Servicios Agrícolas del MGAP, dijo a la diaria que el aumento de las denuncias a partir de 2013 se debe a que “la gente empezó a conocer la herramienta” y a que “existe mejor control social hoy, y eso está bueno”. Montes aseguró de todos modos que en 2018 el número de denuncias bajó a menos de 100, y que ese año hubo un número importante de reclamos provenientes de áreas urbanas y suburbanas, ya que en determinados departamentos hay “algunas confusiones” de los vecinos “con las definiciones de ordenamiento territorial” respecto de los centros poblados. El director del MGAP afirmó que el registro del año pasado demuestra una baja en la conflictividad.

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Entre 2011 y 2017 el principal motivo de denuncias fue la deriva (ver gráfico), que sucede cuando la aplicación de agroquímicos cae fuera del área tratada. Le siguió la afectación o el no cumplimiento de las distancias mínimas respecto de cursos de agua, que debe ser de al menos 30 metros en el caso de aplicaciones aéreas y de diez metros en el caso de aplicaciones terrestres.

14% de los motivos de denuncia fueron por mortandad de colmenas y otro 14% porque la fumigación no respetó la distancia mínima de 500 metros de centros poblados en el caso de las aplicaciones aéreas, y de 300 metros en el caso de las aplicaciones terrestres.

11% de los motivos de denuncia obedecieron a afectaciones a la salud y 6% a que la aplicación de agroquímicos no cumplió con la distancia mínima respecto de centros educativos, que al igual que con los centros poblados, debe ser de 500 y 300 metros como mínimo.

Ante una denuncia, el procedimiento que siguen las autoridades consiste en realizar una inspección en el lugar mediante funcionarios del Área de Tecnologías de Aplicación de la DGSA. Para determinar la sanción se tiene en cuenta la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor. Entre 2011 y 2017 hubo 758 denuncias y 158 resoluciones. De todas formas, debe tenerse en cuenta que algunos expedientes están todavía en trámite y que muchas veces hay varias denuncias y un solo infractor; es el caso, por ejemplo, de la localidad de Paso Picón, cercana a la ciudad de Canelones, donde los vecinos denunciaron sistemáticamente la violación de las normas por parte del médico y productor Máximo Castilla. Según lo denunciado, Castilla no respetó las distancias establecidas en la fumigación de sus cultivos de soja y trigo y perjudicó la salud y los cultivos de sus vecinos. Según la información proporcionada por la DGSA, la localidad de Paso Picón registra denuncias por uso incorrecto de agroquímicos en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y en algunos casos, como en 2015, se registraron más de diez denuncias en un solo año. Por esta situación, los vecinos demandaron en 2018 por daños y perjuicios a Castilla, y también al MGAP por omisión en los deberes de control.

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Montes señaló que el desfasaje entre la cantidad de denuncias y la cantidad de resoluciones puede deberse a que los trámites llevan tiempo, en algunos casos hasta tres años. Se realiza la inspección, se envían muestras al laboratorio, se pone en conocimiento de los interesados la resolución, hay un tiempo para los descargos y finalmente se tipifica la falta. Este último paso puede llevar hasta un año. “Existe un desfasaje en tiempo importante, pero eso se debe a los tiempos jurídicos, porque nosotros en un mes ya sabemos cuál fue el problema”, afirmó el jerarca. Montes remarcó que esto no quiere decir que el ministerio tenga que que- darse de brazos cruzados esperando por los plazos de la sanción; aseguró que en el caso de la fumigación en La Armonía, Canelones, la cartera realizó un seguimiento de las aplicaciones que realizaba la empresa argentina denunciada, así como de la calidad del agua de la cañada Valenzuela. Añadió que lo sucedido en Paso Picón fue en un período previo a su asunción como titular de la DGSA.

De las 158 resoluciones que adoptó el MGAP, 131 fueron sanciones económicas y 27 de apercibimiento. El ministerio no proporcionó el monto exacto de las multas infligidas y se limitó a recordar que los valores de las multas en estos casos varían entre las 20 unidades reajustables (aproximadamente 22.000 pesos) y las 500 unidades reajustables (cerca de 550.000 pesos).

Escuelas rurales: un blanco recurrente

En el listado de cada una de las denuncias presentadas ante el MGAP entre 2011 y 2017, en algunos casos no se dan mayores detalles sobre los motivos, más allá de que la razón principal de la denuncia es el uso incorrecto de agroquímicos. En los casos en los que sí se proporciona más información se mencionan por ejemplo daños en los cultivos de trigo, soja, sorgo, vid, zapallo, maíz, caña tacuara y avena, así como en plantaciones de plátanos, citrus, durazneros y eucaliptos.

Entre 2011 y 2017 se denunció mortandad de peces en los departamentos de Durazno (arroyo Los Tapes), Soriano (Cañada Paraguaya), Paysandú (arroyo San Francisco Grande), Canelones (Canelón Chico), Maldonado (San Carlos), Tacuarembó y Río Negro. Se denunció afectación a fuentes de agua en los departamentos de Río Negro (Young y Sarandí de Navarro), Cerro Largo (Melo), Paysandú (Guichón), Durazno (Batoví), en costas del Santa Lucía en Canelones y en Lavalleja, en márgenes del arroyo Canelón Grande y en Piedra del Toro, en Canelones. También se denunció afectación a cursos de agua en campos linderos a Laguna del Cisne y en una localidad sin determinar del departamento de Rocha.

Las escuelas rurales también son afectadas en gran medida por la aplicación incorrecta de agroquímicos. Entre 2011 y 2017 hubo denuncias por no respetar las distancias mínimas con centros educativos en Soriano (en escuelas ubicadas en las localidades de Palmitas, Colonia Victoria, Muelle Concordia, Dolores, Santa Clara, paraje El Tala), Paysandú (Puntas de Arroyo Negro), Maldonado (escuela 44 de la Ruta Interbalnearia), Canelones (Tala, Paso Pache y Pueblo Bolívar), Río Negro (escuela 56 de la ruta 20, Pueblo Sauce y San Javier), Colonia (Carmelo), Salto (Colonia 18 de Julio, Nueva Hespérides) y San José (localidad Paraje Bañado).

El mal uso de agroquímicos puede generar afectaciones a la salud, entre ellas problemas respiratorios y alergias, además de contaminar los cursos de agua y dañar cultivos.